Columna: ¿Qué debe hacer Chile para avanzar hacia la electromovilidad?

Los sectores solares y eólicos están madurando aceleradamente. En seis años, Chile ha quintuplicado su capacidad de generación de esas fuentes y se proyecta que, a 2030, hasta el 70% de su matriz eléctrica sea renovable. Con esto, la creciente inversión en estas energías, así como en almacenamiento y en infraestructura de transmisión, es una señal indiscutible de una transformación decidida a un sistema eléctrico más sostenible.

Ahora, si nos centramos en la hoja de ruta sobre electromovilidad en el país y las metas impuestas referidas al uso de vehículos eléctricos, con el objetivo de que a 2040 el 100% del transporte público urbano sea eléctrico y que a 2050 los vehículos particulares eléctricos correspondan al 40% del parque automotriz, surgen desafíos para su ejecución y cumplimiento en la práctica. Así, dentro de esta transición a energías limpias, empresas de diferentes industrias ya han comenzado el camino hacia una gestión más eficiente de sus flotas y la incorporación de tecnología e innovaciones más amigables para sus operaciones diarias.

Actualmente, existe un potencial para el retrofit o la transformación de vehículos propulsados por motores a combustión interna a propulsión eléctrica. Una alternativa que radica principalmente en potenciar el desarrollo de la economía circular, permitiendo disminuir la cantidad de residuos y generación de chatarra, junto con reducir los costos de inversión para avanzar hacia las desafiantes metas en electromovilidad.

En Chile se realizó la consulta pública del reglamento que establece los requisitos para la reconversión de autos, sin embargo, aún se debe trabajar en la normativa que permita homologar un auto convertido, puesto que hoy su implementación solo está autorizada para vehículos que circulen en caminos privados, como el caso de faenas mineras.

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Dicho esto, es de suma importancia que se continue impulsando el proyecto de ley que apruebe la transformación de estas unidades, resguardando lógicamente la seguridad eléctrica y vial. Con esto, la ejecución de acciones de este tipo podría ser una estrategia que permita masificar en forma más económica y sustentable tecnologías limpias en los próximos años. A su vez, permitirá romper ciertas barreras que pueden estar retrasando el desarrollo de la electromovilidad a nivel nacional.

Bajo este escenario, se presentan desafíos necesarios de abordar si queremos que la movilidad eléctrica sea nuestra hoja de ruta en las próximas décadas, entre ellos, la formación de capital humano que pueda liderar esta transición. Hoy no contamos con una masa crítica robusta en ese sentido, por lo que la capacitación de técnicos y profesionales es fundamental para que en el futuro se puedan hacer cargo de las necesidades de este nuevo mercado.

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Otra medida es ofrecer incentivos concretos, iniciativas como la liberación de pago del permiso de circulación de autos eléctricos -durante cierta cantidad de años- apoyo con financiamiento directo por parte del Estado en la compra de taxis u otros vehículos utilitarios, así como el incremento significativo de la instalación de puntos de carga, tanto públicos como privados, permitirá contar con una infraestructura adecuada y con la capacidad energética suficiente para hacer frente a esta transición.

Un caso de éxito es lo que está impulsando Noruega, líderes en materia de movilidad eléctrica. El país nórdico entregó beneficios concretos a sus ciudadanos como el no pago de patente, peajes, estacionamientos y el subsidio para la compra de vehículos eléctricos y la instalación de puntos de carga. Todas estas iniciativas han provocado que el avance hacia la electromovilidad sea mucho más ágil, efectivo y sin afectar de manera considerable el bolsillo de las personas.

Sin duda, la incorporación de vehículos eléctricos al parque automotriz nacional será una tarea aún por resolver en los próximos años, entendiendo que la consciencia ambiental no es suficiente y se requieren acciones puntuales que vayan en beneficio, tanto del medio ambiente como para la economía de la población.

José Rodríguez Pérez
Director Centro de Transición Energética 
Universidad San Sebastián