Artículo de investigador USS es reconocido como el mejor del año por el Journal of Environmental Law

La cuenca del lago Llanquihue, uno de los territorios de mayor riqueza ecológica en Chile, ha experimentado en los últimos años una transformación acelerada, impulsada por una migración creciente desde las grandes ciudades.

La Ley N° 20.930 de 2016 creó en Chile el derecho real de conservación (DRC), una figura jurídica que permite a los propietarios imponer voluntariamente sobre su predio restricciones de uso con fines de conservación ambiental, a cargo de un tercero garante (habitualmente una fundación) encargado de velar por el cumplimiento del acuerdo. Como una suerte de sello legal de compromiso ambiental, asociado al predio y registrado públicamente, la figura fue recibida como un instrumento pionero e innovador.

A una década de su implementación, los académicos Ricardo Greene (Arquitectura USS) y Pedro Pablo Achondo (Geografía PUCV) analizaron cómo se ha utilizado esta figura en las parcelaciones del sur del país, particularmente en la Región de Los Lagos, y los efectos que produce en zonas rurales sin planificación pública robusta.

El trabajo de campo se desarrolló entre 2021 y 2024 en una de las zonas de mayor dinamismo demográfico del país. La comuna de Puerto Varas, por ejemplo, creció más de un 62% entre 2002 y 2024 por la llegada de nuevos residentes, impulsada por la pandemia y el teletrabajo, con fuertes presiones sobre el territorio y sus habitantes.

La investigación, publicada en el Journal of Environmental Law, muestra que el DRC ha sido incorporado con frecuencia en proyectos residenciales de alto estándar que subdividen suelo rural. Los autores documentan que, en muchos casos, la protección se aplica a una fracción menor del terreno (un parque central, un corredor biológico, parte de un humedal), mientras el resto se destina a usos residenciales y turísticos. En otros, la fundación que oficia de garante depende de la misma inmobiliaria que impulsa el proyecto, mezclando las funciones de desarrollo y fiscalización. El artículo sostiene que estas prácticas no responden a un mal uso aislado de la ley, sino a un patrón estructural sobre cómo se gobiernan los territorios rurales en Chile.

Entre los impactos territoriales que describe el artículo, los autores observan procesos de fragmentación de bosques nativos, interrupción de corredores ecológicos y restricción de accesos que tradicionalmente eran de uso común, incluidos caminos, orillas de ríos y zonas de recolección. Esta diversidad de consecuencias los lleva a plantear que los proyectos deben examinarse en el conjunto del territorio en que se inscriben, no de manera aislada.

Ficciones legales

Los autores proponen leer estos usos del DRC como “ficciones legales ecológicas”. Una ficción legal no es una mentira ni un error, sino una forma en que el derecho construye realidad, asumiendo como verdadero algo que no lo es del todo. Aplicado al caso chileno, el concepto permite analizar cómo una figura jurídica puede producir realidades simbólicas y afectivas, además de efectos prácticos: cómo ciertos territorios pueden presentarse como conservados o ecológicos aun cuando los procesos que ocurren en ellos apunten en otra dirección.

Ricardo Greene destaca que el aporte del paper está en considerar “los discursos y creencias, casi ontológicas, que están detrás de la ley. Quisimos mirar no solo lo que está escrito en el derecho, o cómo ese derecho se subvierte, sino lo que hay antes del derecho. Especialmente en derecho ambiental”.

Otro argumento central del artículo es la desconexión entre la unidad jurídica y la unidad ecológica. “La tierra funciona en continuidad y en buffers, no en parcelas”, resume el académico. Cuando cada proyecto protege su propio corredor biológico sin coordinación con los demás, lo que se obtiene al mirar la región en conjunto son líneas verdes desconectadas entre sí, con poco alcance efectivo para sostener la biodiversidad.

El estudio combina análisis jurídico, etnografía y teoría socio-legal. Se apoya en 41 entrevistas en profundidad a arquitectos, desarrolladores inmobiliarios, funcionarios públicos, representantes de ONG ambientales y residentes, y en la revisión sistemática de contratos, materiales promocionales, planes reguladores y cobertura de prensa. El jurado del Richard Macrory Prize, integrado por tres miembros del comité editorial de la revista, seleccionó al artículo por unanimidad y lo describió como un trabajo inspirador, rico e innovador en contenido, metodología y potencial de impacto, cuya relevancia excede el contexto local del estudio.

Dr. Ricardo Greene Flaten, profesor Asociado de la Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño de la Universidad San Sebastián, sede De la Patagonia.

Un debate en curso

El artículo se enmarca en el proyecto Fondecyt de Iniciación “Dejar la gran ciudad: nuevas fricciones, narrativas y movilidades hacia ciudades no-metropolitanas”, dirigido por el académico USS, concluido en marzo de este año. La investigación examinó durante tres años los efectos políticos, culturales y territoriales de la migración inversa al sur de Chile, con foco en la cuenca del Llanquihue. Forma parte de una línea de trabajo situada que la USS impulsa desde su sede Patagonia, orientada a investigar las transformaciones del sur de Chile desde el propio territorio.

El estudio se inscribe en un debate público activo. El Congreso discute actualmente una reforma al régimen de parcelaciones rurales, y el DRC es parte de esa conversación. Los autores no proponen descartar la figura. Su argumento es que, para cumplir los objetivos de conservación que la ley enuncia, los instrumentos jurídicos deben articularse con una planificación territorial multisistémica que entienda los ecosistemas como sistemas dinámicos e interconectados. “Espero que este artículo pueda apoyar esa nueva ley”, concluye Ricardo Greene.

El artículo está disponible en academic.oup.com/jel.